A estas alturas de la legislatura, pocos dudarán ya que el ex Ministro de Justicia, Sr. Fernández Bermejo, ha sido el peor Ministro de Justicia de nuestra democracia.

Pocos Ministros atesorarán en su haber una hoja de servicios con una gestión tan polémica y tan sectaria al frente del Ministerio de Justicia. Polémica por su pésima aplicación del Pacto por la Justicia y las Libertades. Sectaria por su labor de desgaste e intento de aniquilación del principal partido en la oposición.

La crónica del cese anunciado del Ministro de Justicia no debe ser el punto final a una rocambolesca historia marcada por dos hechos relevantes: su polémica gestión al frente del Ministerio de Justicia, enemistándose con magistrados, jueces, secretarios judiciales y abogados del turno de oficio y el uso ilégitimo y personal de las prebendas que el cargo de Ministro de Justicia conlleva.

Con su dimisión, el ex Ministro de Justicia debería de tratar de asumir la responsabilidad política por tales hechos, quizás para evitar que una sombra de duda planee sobre el Ejecutivo que lo designó. Esa hubiera sido una actitud correcta. Sin embargo, Fernández Bermejo omite lo obvio y da a entender que se va, voluntariamente, por que no ha estado a la altura de las circunstancias por una simple falta administrativa. No disponía de la preceptiva licencia de caza de la autonomía andaluza. Lo de la huelga de los jueces se añadió a lo de la licencia. Las conversaciones con el juez Garzón, en tan particular momento, versaron sobre el arte venatorio.

No hay que olvidar que, en la polémica hoja de servicios del ex Ministro, quedan todavía por esclarecer otros dos hechos relevantes que interesan particularmente a nuestros ciudadanos pues es en ellos donde reside gran parte de la calidad democrática de nuestras Instituciones.

En primer lugar, el ex Ministro de Justicia tendría que dar explicaciones de por qué desde el Ministerio de Justicia se ha perfilado y amparado una estrategia política y jurídica de permitir que el entorno de la banda terrorista ETA siga usando y abusando de las Instituciones democráticas, al mismo tiempo que financiándose con cargo a los presupuesto de todos los españoles.

En segundo lugar, el ex Ministro de Justicia tendría que dar explicaciones, en sedeparlamentaria, de cuáles han sido sus reuniones con el juez instructor de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, con una fiscal y con el Inspector jefe de la policía judicial, actores del conocido “caso cacería”.

Hay sobrados motivos para sospechar que el ex-ministro ha  discutido, con aquellos, la trama de una investigación judicial, que pretende manchar al PP, rompiendo, sin duda alguna, la independencia entre los poderes del Estado. En Bélgica, por menos, el gobierno Leterme presentó su dimisión.

Hay sobrados motivos para sospechar que en el plan estratégico para dañar la imagen del PP, el momento de su puesta en marcha fué premeditadamente determinado. En período de elecciones y mediante filtraciones, ilegales, del sumario.

El ex Ministro de Justicia tendría que explicar en particular, cuál ha sido su agenda de contactos y por qué razones habría supuestamente ejercido presiones desde el Ministerio de Justicia, para que el Juez instructor de la Audiencia Nacional instruyera un sumario de corrupción del o al PP.

Por las informaciones e indicios que se han ido publicando en los medios de comunicación, de confirmarse esas presiones colectivas, estaríamos ante el caso más flagrante y dañino para nuestra democracia de vulneración del principio de la división de poderes y de utilización de los resortes del Estado, al servicio de un fin partidista.

El “caso cacería” ha de ser investigado por una comisión de investigación parlamentaria ad hoc, en el Congreso de los Diputados. Una vez que el juez instructor de la Audiencia Nacional, Sr. Garzón, se inhiba en favor de los jueces naturales, a los que nunca se les tuvo que haber privado del conocimiento e instrucción de los elementos de la causa.